Las comunidades ya pueden registrar a las empresas franquiciadoras

viernes, 19 de febrero de 2010

El pleno del Congreso aprobó ayer la nueva Ley de Comercio Minorista por la que el texto se adecúa a la Directiva Europea. A pesar del rechazo del PP, los diputados han dado hoy luz verde a este texto tras aprobar una serie de enmiendas introducidas por el Senado que, entre otras cuestiones prohíben explicitamente aplicar la conocida como “segunda licencia” autonómica por motivos económicas de “planificación económica”.

El texto además, clarifica los procedimientos de otorgamiento de licencias y se reconoce a las comunidades autónomas como “autoridad competente” para registrar a las empresas franquiciadoras, siempre que las cadenas quieran pasar a formar parte de un registro.

Esta nueva ley, que propone una mayor liberalización y regularización del sector, generará inversiones por 4.000 millones de euros y podría contribuir a la creación de 50.000 puestos de trabajo, según estimaciones del propio sector.

Esta ley suprime la definición de gran establecimiento comercial, con lo que evita un trato discriminatorio desde la legislación estatal a los distintos formatos comerciales, ya que no hace referencia a los metros cuadrados de los establecimientos.

El texto definitivo fija que la autorización para la apertura de un comercio sólo pueda depender del impacto que tenga en el medio ambiente, en el entorno urbano, en la conservación del patrimonio artístico, en la ordenación del territorio y en la distribución comercial, que en ningún caso podrán "encubrir requisitos de planificación económica".

Asimismo, precisa que las comunidades y ayuntamientos que incumplieran lo dispuesto en esta ley, dando lugar a sanciones a España por parte de la Comisión Europea asumirán, en la parte que les sea imputable, a través de un recorte en las transferencias que reciben del Estado.

En este sentido, el diputado 'popular' Celso Delgado, denunció que la norma "llega con un mes y medio de retraso" sobre el límite fijado por Bruselas para la transposición de la Directiva Europea de Servicios y rechazó la "confusión jurídica" que, a su juicio, provoca una norma "limitada por las presiones de las comunidades autónomas".

También se mostró en contra del "endurecimiento desproporcionado del procedimiento sancionador" que propone la Ley y consideró que supone "un freno a la inversión y a la creación de empleo".

Por el contrario, el diputado socialista Diego Moreno defendió que la Ley es respetuosa con las administraciones autonómica y municipal y dijo que avanza en el modelo más sostenible de comercio, el de proximidad, que apuesta "por la protección de las personas que habitan en las ciudades y en los barrios".

Otra de las disposiciones de la ley es que se prorrogarán automáticamente las licencias de venta ambulante otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley y reconoce las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para regular los plazos de vigencia.