Las Comunidades adaptan sus leyes de Comercio a la nueva Directiva de Servicios

lunes, 28 de diciembre de 2009

El pasado mes de noviembre el Congreso aprobó el proyecto de Ley de Ordenación del Comercio Minorista, una norma necesaria para adaptar la legislación a la Directiva de Servicios Europea y que elimina la concesión de la “segunda licencia” por criterios económicos. Este proyecto ha servido como ley paraguas y punto de referencia para las reglamentaciones que desarrollen las 17 comunidades autónomas para cumplir con los requisitos de Bruselas.

Madrid, la primera en suprimir la segunda licencia autonómica

Madrid será la primera comunidad en suprimir la segunda licencia autónomica sobre los grandes establecimientos comerciales adaptándose a la nueva directiva europea. Además, lanza un paquete “liberalizador” por el que agiliza la implantación de empresas turísticas, simplifica los trámites administrativos y reduce los costes para la puesta en marcha de nuevos negocios.

Andalucía, a modo liberalizador

Por su parte, Andalucía aprobó la semana pasada un decreto-ley que modificiará 16 leyes para adaptarlas a la Directiva de Servicios. Según el consejero Luciano Alonso estas modificaciones pretenden el impulso del sector comercial en la comunidad. Para ello, la instalación de las grandes superficies comerciales no requerirá de licencia autonómica, delega en los ayuntamientos la autorización de los grandes servicios minoristas por medio de la licencia municipal de obras. Además, antes regulaba los establecimientos comerciales desde 1.000 metros cuadrados y ahora los regulará a partir de 2.500 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta, liberalizándose totalmente el tramo entre 1.000 y 2.500 metros cuadrados.

Los comerciantes determinarán sus horarios en Castilla-La Mancha

La nueva Ley de Comercio Minorista de Castilla-La Mancha, que en breve iniciará su tramitación parlamentaria, va a permitir a los comerciantes de la región determinar su propio horario de apertura, que la normativa establece en 72 horas semanales. La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, señaló que esta normativa, con la que se mejora, moderniza el sector y se reduce la burocracia administrativa, presenta dos novedades referentes al horario de apertura y al régimen de autorización de los grandes centros comerciales, con una nueva definición de "gran centro comercial".

Respecto al horario de apertura exige que como máximo será de 72 horas semanales "y cada comerciante va a decidir libremente cómo determina la apertura y cierre", establece un horario específico para establecimiento de zonas comerciales, o de convivencia, como son los establecimientos de prensa. En cuanto a los centros comerciales la normativa establece esta consideración para las superficies con más de 2.500 metros cuadrados dedicados a la venta y se agrupan en un único órgano multidisciplinar, integrado por todas las consejerías para, en un solo acto, dar su autorización a los distintos informes, medioambientales, urbanísticos o de protección del patrimonio que precisan estas instalaciones. Respecto a los comercios que quedan fuera de esa consideración, las gestiones administrativas se simplifican a la hora de su puesta en marcha, ya que no será preciso que cuenten en su apertura con una licencia comercial inicial, pruebas económicas, pago de la tasa autonómica o autorización previa de venta, sino que podrán aportar esta documentación con posterioridad.

Castilla y León suprime la licencia comercial de las grandes superficies

El decreto-ley que aprobará la Junta de Castilla y León suprime la licencia comercial para establecimientos de menos de 2.500 metros cuadrados y deja en fuera de juego el cupo de superficie por áreas que impedía la implantación de proyectos como el de Ikea, en Valladolid, al estar prácticamente agotado. Todos los requisitos económicos quedan eliminados en los trámites de grandes proyectos que están sujetos a autorización y el silencio administrativo será positivo y por lo tanto, a favor del solicitante.

En Galicia, una ley actualizada que protegerá el interés general

Los establecimientos comerciales que se instalen en suelo urbano no consolidable o suelo urbanizable, con una superficie útil de exposición y venta al público superior a los 2.500 metros cuadrados, deben obtener la licencia administrativa de la Xunta. El nuevo texto regulará la creación de un Observatorio del Comercio Gallego configurado como un órgano asesor, consultivo, de estudio y formación en materia de comercio; la puesta en marcha de una Mesa Local de Comercio, y que definirá por primera vez los centros comerciales abiertos.

La futura ley establecerá un control sobre la figura de los 'oulets', de las promociones en general y de las rebajas en particular; controlará la proliferación de las ferias de oportunidades, e incidirá en el urbanismo comercial regulando el uso comercial del suelo.

En Cataluña, no convence ni a grandes superficies ni a pequeños comerciantes

La nueva ley de comercio aprobada por el gobierno catalán a propuesta del conseller Josep Huguet, no ha logrado contentar ni a las grandes superficies ni a los «botiguers» o pequeños comerciantes. Mientras la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) considera que la norma es restrictiva al perjudicar la modernización del sector, además de no suponer la trasposicion de la directiva de Servicios de la Unión Europea (UE), los «botiguers» lamentan que permita que las superficies comerciales de entre 1.300 y 2.500 metros cuadrados puedan instalarse en municipios de más de 5.000 habitantes porque será un «coladero para las grandes empresas de distribución y un desastre para el comercio local», ya que «muchas de estas pequeñas localidades son periféricas de poblaciones más grandes».

Por contra, el pequeño comercio valora positivamente que la nueva normativa permita a la Generalitat el mantenimiento del control sobre la otorgación de licencias comerciales en los establecimientos que superen los 2.500 metros cuadrados, y que entre 1.300 y 2.500 compartan ese control el Govern y los ayuntamientos.

Es precisamente en ese punto donde la Anged critica el decreto ley aprobado por la Generalitat, al asegurar la normativa catalana es nuevamente restrictiva para las grandes superficies comerciales, «tras doce años sin aperturas de este formato en Cataluña, que han dado lugar a una estructura desequilibrada, donde la gran superficie está subrepresentada», al margen de «ignorar» los 40.000 puestos de trabajo que la gran distribución mantiene en la actualidad en Cataluña y dificultar la inversión.