Aprobada la Ley de Comercio Minorista

jueves, 19 de noviembre de 2009

La Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados aprobó, con el único voto en contra del PP, el proyecto de Ley de Ordenación del Comercio Minorista (Lorcomin), una norma que, según el Gobierno, aportará 4.000 millones de euros en "inversión inducida" y generará 50.000 puestos de trabajo, y que a partir de ahora continuará su tramitación en el Senado.

El texto sustituirá a la actual ley de 1996, para adaptar la legislación nacional a la Directiva 2006/123/CE. La conocida como Directiva de Servicios o Bolkestein impone a los países miembros eliminar todas las trabas jurídicas y administrativas que supongan un freno para la libertad comercial.

Esta nueva norma, que debe seguir ahora su tramitación en el Senado, servirá como ley paraguas, un punto de referencia para las reglamentaciones que desarrollen las 17 comunidades autónomas para cumplir con los requisitos de Bruselas.

El PSOE pactó doce enmiendas con la oposición, dos de ellas con el PP, y aceptó otras seis modificaciones presentadas por los grupos, entre las que destaca la modificación de las "razones imperiosas de interés general" que se establecen como requisitos para las autorizaciones a las aperturas.

Así, el texto recoge explícitamente el derecho de los consumidores a elegir "libremente" el establecimiento comercial que desean, así como la "planificación urbanística y rural" de los territorios en los que podrá establecerse los centros comerciales.

La Lorcomin elimina con carácter general la concesión de la "segunda licencia" por criterios económicos, fija que la autorización para la apertura de un comercio sólo dependa del impacto que tenga en el medio ambiente, en el entorno urbano y en la conservación del patrimonio artístico, a los que ahora se suman los dos anteriores.

Esta ha sido uno de los puntos más polémicos, ya que el PP ha denunciado que estas dos modificaciones pueden permitir a las comunidades "criterios económicos enmascarados" para impedir las aperturas, lo que va a generar "más inseguridad jurídica" entre los comerciantes e incluso "ponen en riesgo de impugnación" ante los Tribunales europeos a la propia norma. Porque eso sí, el Gobierno ya ha avisado que pasará a las comunidades autónomas cualquier “factura” que venga desde Bruselas por el incumplimiento de la norma.

Un punto de vista que también apoya la Comisión Nacional de la Competencia, que también cuestiona el texto y dice que según está redactado, no cumple la Directiva de Servicios. Desde su punto de vista, deja a la determinación de las autonomías la posibilidad de instaurar sistemas de intervención en defensa de distintos aspectos del interés general, sin acotar los límites de estas normativas autonómicas.