La distribución no quiere la nueva Ley del Comercio

lunes, 13 de julio de 2009

Las comunidades pondrán, una vez más, a prueba la política económica del Gobierno. La liberalización de los servicios exigida por Bruselas tiene difícil acomodo en España. La nueva Ley del Comercio Minorista sólo tendrá los efectos deseados si las autonomías deciden desmontar el marasmo regulatorio con el que controlan las empresas del sector.

Los diferentes actores del sector preveían que el proyecto no iba a satisfacer sus peticiones y así ha sido. Esta nueva regulación no supondrá grandes cambios, ya que permite a las comunidades seguir regulando la implantación de grandes superficies. Así, el Ejecutivo no establece un marco común para el conjunto del Estado y permite a las autonomías determinar cuáles son los metros que definen a una gran superficie.

La nueva ley, lanzada por el Ministerio de Industria, suprime con “carácter general” el régimen de autorización especial para los establecimientos comerciales. Y elimina (como pedía la Comisión Nacional de la Competencia) la definición de gran establecimiento comercial (los que superan los 2.500 metros cuadrados). Así limpia la norma del Estado a los ojos de Bruselas. Pero, inmediatamente después argumenta que “teniendo en cuenta la información técnica disponible sobre el impacto ambiental y urbano de los distintos tipos de establecimiento, se considera que, aunque en general no resulte justificada la potestad autorizatoria, la ley debe prever que puedan establecerse regímenes de autorización especiales”.

En otras palabras, las comunidades podrán argüir razones de “medio ambiente, entorno urbano y ordenación del territorio” para poner límites a la instalación de cualquier tipo de establecimiento comercial, no sólo a los hiper como sucedía hasta ahora. La única condición es que todos los procesos de licencias se unifiquen en uno y que se “identifique” de forma “clara y previsible” en las futuras normas regionales las razones que mueven a imponer límites a la libertad de empresa.

Las reacciones no se han dejado esperar y pronto, todos los actores involucrados en este proceso han querido dar su opinión al respecto:

Comisión Nacional de la Competencia (CNC)

El síndrome regulatorio sobre el comercio afecta a casi todos los consejeros autonómicos. Por ello, el presidente de la CNC, Luis Berenguer, advierte que “no hace falta ser un fino jurista para ver que esta reforma comercial terminará en una sanción del Tribunal Europeo de Justicia contra España por la inadecuada transposición de la Directiva de Servicios.

Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas)

Para Asedas el actual proyecto de ley “puede dar lugar a conflictividad”. “El proyecto renuncia a fijar, con carácter único, criterios compatibles con la Directiva de Servicios”, explica Ingancio García Magarzo, director general de Asedas. Además señala que si la nueva legislación no se modifica en las Cortes, ésta conllevará “un mayor coste para los operadores” por las diferentes regulaciones autonómicas, así como “mayor seguridad jurídica”.

Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged)

En la misma línea se sitúa la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) que considera que “el Gobierno ha perdido una oportunidad para introducir una reforma estructural en el sector que permita mejorar la eficiencia e impulsar la inversión y la creación de empleo”. Entiende que el Gobierno podía haber perfilado “un marco legal más competitivo (…) dejando de lado viejos impulsos proteccionistas”.

La OCU se queja por otras razones

No sólo los hiper y los supermercados se desmarcan de este proyecto. También algunas asociaciones como la Organización de Consumidores y Usuarios OCU han criticado el texto. “Lejos de suponer un avance en la liberalización del sector comercial, representa un claro retroceso mediante la consolidación del sistema de licencias comerciales que supone un freno a la implantación de nuevos establecimientos y formatos comerciales”, asegura la OCU.

“Lejos de seguir el camino marcado por la Directiva de Servicios de la UE, se aleja de la misma al preservar el sistema de licencias comerciales con carácter autonómico (…) que contribuye en gran medida a crear oligopolios”.

Confederación Española de Comercio (CEC)

En cambio, la CEC, la patronal del pequeño y mediano comercio se felicita por la reforma de la ley de ordenación del comercio minorista. La CEC se mostró “muy satisfecha” con la normativa a la que se ha llegado porque “mantiene el nivel de atribución competencial entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas”.

Además, según la patronal, simplifica el procedimiento administrativo y pone en juego “reglas más claras y transparentes que tienen en cuenta el interés general y no el particular de determinados lobbies”.

Para el secretario general de la organización, Miguel Ángel Fraile, el marco legal resultante de la transposición contribuirá a la “cohesión económica, social y territorial favoreciendo un alto nivel de empleo y progreso social”.