No cumplir con el Registro de Franquiciadores será una infracción grave

lunes, 01 de diciembre de 2008

‘Franquicias Hoy’ ha podido saber de fuentes de la Administración que como contrapartida a la “regulación blanda” que finalmente implicará la adaptación de la Directiva Europea de Servicios a la legislación española, la Administración endurecerá las sanciones a las centrales de franquicia que no cumplan con su obligado registro. Estas sanciones podrán ser tanto económicas como administrativas, y persiguen el cumplimiento total de las empresas del sector de este trámite administrativo, considerado prioritario para que el sistema funcione con mayor transparencia y ofrezca mayores garantías al sector. La medida debiera poner fin a la realidad actual, basta con visitar el registro on line para comprobar cómo importantes enseñas del sector no han actualizado los datos en este año. En la actualidad, el Registro se limita a insertar una leyenda destacada que advierte desde cuándo los datos no han sido modificados.

Desde la entrada en vigor de la nueva ley el próximo 2010, todas las empresas deberán inscribirse y renovar periódicamente su datos en el Registro de Franquiciadores. La principal modificación llega en los plazos, ya que se considera más operativo que se realice en el primer trimestre desde la puesta en marcha de la unidad de negocio y no de forma previa, como se venía realizando en la actualidad.

El Ministerio sigue trabajando en este documento que previsiblemente deberá pasar a trámite parlamentario sobre el mes de marzo o abril próximo. Su entrada a debate debería coincidir con la aprobación por parte del poder legislativo de la Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios, una especie de ley paraguas preparada por el Ministerio de Economía y Hacienda para la homogeneización de las legislaciones de los estados miembros en materia de servicios. En este caso, su marco de aplicación es mucho más amplio, aunque incluye capítulos vitales para el desarrollo del sector, como la regulación de las nuevas licencias, que ya no podrán concederse por motivos económicos, como venían argumentando algunas comunidades autónomas, sino por razones de interés general, urbanísticas, medioambientales, de seguridad y orden público o conservación del patrimonio.