Las farmacias, la última víctima de las grandes superficies

lunes, 15 de septiembre de 2008

Anged, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, ha decidido personarse, una vez sido admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la causa abierta sobre el concurso de Farmacias del Principado del año 2002 y que dio lugar a la cuestión prejudicial que se está dirimiendo en el Tribunal de Luxemburgo. Esta institución, formada por AKÍ, Alcampo, Aldeasa, C&A, Carrefour, Conforama, El Corte Inglés, Grupo Cortefiel, Grupo Eroski, Fnac, Hipercor, Ikea, Leroy Merlin, Media Mark y Toys 'R' Us, ha presentado al Tribunal Superior de Justicia de Asturias una solicitud para personarse como parte interesada en un juicio que cuestionaba la Ley de Farmacias regional. Con este acto alega que el fallo que se produzca en esa sentencia sobre la planificación territorial de las boticas va a tener un marcado impacto sobre la regulación del establecimiento de oficinas de farmacia y, por consiguiente, sobre el negocio farmacéutico y parafarmacéutico en el Principado de Asturias, así como posiblemente en el resto del territorio nacional.

Las grandes superficies, que hoy en día tienen un cierto interés en este mercado farmacéutico, entienden que van a verse afectadas negativamente por una sentencia favorable a los demandantes.

Este anuncio llega a causa de la explosión del conflicto judicial y político que ha provocado Bruselas, al exigir a España, Italia y Austria liberalizar sus farmacias, eliminando los obstáculos a la apertura de nuevos establecimientos y permitiendo que la propiedad de las boticas resida en capital ajeno a los farmacéuticos.

Todo comenzó en 2006, en los meses de verano en los que Bruselas envió un dictamen motivado a estos tres países, reclamando que se consintiera en ellos la creación de cadenas de farmacias, bajo pena de denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo. De momento, solamente ha llegado a Italia, donde ya se ha celebrado la primera vista sobre el caso, al que ha quedado acumulado otro muy semejante sobre Alemania.

A pesar de que a España no ha llegado aún este escrito, la atención de todo el sector español está puesta en las conclusiones que elabore el abogado encargado en el proceso italiano, las cuales deberán estar listas antes del 18 de diciembre.

El caso español se tratará, aunque todavía no haya sido denunciada ante Luxemburgo, en dicho organismo. Esto es así a causa de la cuestión prejudicial que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha presentado ante el tribunal europeo, puesto que no se siente capaz de fallar sobre un con la ley de farmacias local tras conocer la intención de Bruselas de liberalizar el sector. Y la patronal de las grandes superficies ha sido quien ha pedido participar en este caso, que han decidido personarse para tener voz y voto en el futuro de las farmacias españolas. Esta situación facilitaría a estos grandes establecimientos la posibilidad de incorporar su propio abogado y manifestarse ante el Tribunal de Luxemburgo en defensa de la liberalización.

El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Pedro Capilla, ha señalado recientemente que las grandes cadenas de farmacias europeas han sido las promotoras de todo este problema que se ha creado en torno a la liberalización de las farmacias, en una clara referencia a Alliance Unichem y Celesio.

La base del conflicto y sus consecuencias

La liberalización de las farmacias afecta directamente a países como España, Francia o Italia. Las boticas o farmacias se planifican en estas zonas según la población y las distancias, y el propietario de estos negocios deben ser el mismo farmacéutico. Este modelo es diferente al de otros países de Europa como Holanda, Irlanda o Noruega, en los que se constituyen como cadenas de farmacias.

Estos modelos en el negocio farmacéutico han convivido en Europa de una manera coordinada, bajo una directiva en la que se reconoce como competencia estatal y no comunitaria la regulación de las farmacias. Pero en 2006, la Comisaría de Comercio Interior llevó a cabo varias resoluciones amparadas en el artículo 43 del Tratado Europeo que reconoce la libertad de establecimiento. Este manifiesto lo disputan también los Estados afectados con el artículo 46 del mismo tratado, que asegura que esa libertad podrá limitarse por razones de seguridad y salud pública.

Los farmacéuticos defienden su modelo actual, fundamentándose en que la liberalización no arrasará con el monopolio actual de las boticas, aunque creará un monopolio de cadenas con peores consecuencias. Una de ellas puede ser la desaparición las farmacias rurales y la integración vertical de la distribución mayorista y minorista. Este tipo de farmacias se sustenta sobre la solidaridad de las cooperativas de distribución mayorista, con la liberalización cambiaría, sin duda el sector farmacéutico. No obstante, el estudio en el que se basa la UE para solicitar la liberalización, determina que las farmacias rurales precisarían de una financiación pública, lo que beneficiaría a este sector a la hora de dirigir su negocio.

El interés de las grandes superficies en el mercado farmacéutico es una realidad, visible con su participación en el sector en otros países con modelos liberalizados, pero ahora también en España con esta intervención en la cuestión prejudicial asturiana. Por ejemplo, la multinacional francesa Carrefour se lanzó a finales de 2007 a la apertura de su primera cadena de farmacias en Argentina, continuando este año hasta completar un total de diez establecimientos, la mayoría de ellos en Buenos Aires. En España, la compañía opta por abrir establecimientos pertenecientes al campo de la parafarmacia. El objetivo de esta compañía, por ejemplo, se centra en seguir abriendo parafarmacias en cada nuevo hipermercado.