En palabras del secretario general de la CEC, Miguen Ángel Fraile, “no es cierto que se haya protegido al pequeño comercio. Las recalificaciones de terreno protegen a las grandes superficies”.
Así expresó Fraile su inconformidad con la situación a la vista de los datos que atestiguan que el pasado año se levantaron 23 nuevos centros, hasta alcanzar un total de 463 grandes superficies en el territorio nacional, lo que supone una superficie bruta alquilable de 11,2 millones de metros cuadrados.
Basándose en esta realidad, el secretario general de la CEC defendió el mantenimiento de una legislación específica para regular la expansión de las grandes superficies con la aplicación de la directiva Bolkenstein de liberalización de servicios, ya que su construcción “modifica el entorno”.
A pesar de esta perspectiva, Fraile reconoció que adaptar la normativa española a la directiva comunitaria no cambiará significativamente el panorama del ordenamiento jurídico en nuestro país, porque seguirán existiendo requisitos que cumplir para levantar un gran comercio, a la vez que atribuyó la versión contraria a intereses de los promotores inmobiliarios.
“La directiva no va a cambiar el escenario actual, eso es una alarma infundada”, mantuvo el responsable de la Confederación, quien también indicó que la introducción de algunas modificaciones “no nos preocupa, aunque habrá que hacer adecuaciones en algunos temas”.
En concreto, la directiva aprobada en Bruselas prohíbe formular una legislación que beneficie un formato empresarial sobre otro, mientras que la normativa estatal y autonómica tiene por objetivo proteger al pequeño comercio, según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que confía en que la nueva ley propicie una mayor competencia en el comercio.
Por otra parte, contrariamente a la visión de la CEC, la Asociación Empresarial del Comercio Textil (Acotex), apunta que la gran superficie ganará cuota de mercado en el sector textil a costa del pequeño comercio con la aplicación de la directiva europea.
Al respecto, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), considera que la legislación comunitaria obligará a revisar las normativas estatal y autonómica de comercio concebida, en su opinión, para restringir el crecimiento de los centros comerciales con el fin de proteger al pequeño comercio.
Según cálculos de esta Asociación, las grandes superficies tienen paralizadas inversiones anuales de 3.000 millones de euros por las restricciones impuestas por las comunidades autónomas a la implantación de nuevos establecimientos.
Una polémica con visos de no resolverse a corto plazo, mientras que la normativa europea obliga a los estados miembro a adoptar sus exigencias en el plazo de tres años.
Un tiempo que ha comenzado a correr y en el que las instituciones tendrán que debatir que medidas ponen en marcha para continuar protegiendo el comercio tradicional sin perjudicar la expansión imparable de las grandes superficies.
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